Fundación Demuca

Ordenamiento Territorial

El ordenamiento territorial, entendido como la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, asigna de manera racional y estratégica el uso del suelo para todas las actividades propias del municipio. En este sentido, las perspectivas de desarrollo municipal dependerán de las políticas y normativas que definan el uso y protección del territorio como el activo más valioso con que cuentan los gobiernos locales.

La trascendencia e implicaciones del ordenamiento territorial en las Áreas Metropolitanas, urbanas, suburbanas y rurales de Centroamérica y República Dominicana se explica mediante la interrelación de un vasto número de variables.

Como primer punto, las aglomeraciones humanas en los territorios conllevan a demandas de infraestructura particulares. La planificación de la infraestructura pública, al ser incorporada en los planes de ordenamiento territorial, promueve el abaratamiento de sus costos de instalación, su mantenimiento y la adaptabilidad de dichas redes a las exigencias reales de los pobladores; entre otros aspectos.

Otro tema que debe tratarse como parte de las políticas de ordenamiento territorial, es la prevención de desastres naturales. Como es sabido, Centroamérica y El Caribe han sufrido el embate recurrente de fenómenos de la naturaleza. A pesar de ello, es preocupante constatar el creciente número de hogares en condición de alta vulnerabilidad ante este tipo de eventos debido, en gran medida, a los asentamientos humanos localizados en áreas de elevada peligrosidad (por ejemplo, en laderas inclinadas o cercanías de los ríos). Por medio de una buena gestión territorial local es posible disminuir significativamente este tipo de riesgos si se controla la ubicación y expansión de dichos asentamientos a lo largo de las ciudades.

Desde el punto de vista ambiental, la protección del medio ambiente natural en el territorio es esencial ya que provee un espacio único tanto para el esparcimiento y la recreación, como para la preservación de la biodiversidad.

Finalmente, el ordenamiento territorial es una herramienta para la promoción del desarrollo socioeconómico local sustentable. A través de la utilización del territorio según su vocación y potencialidades físicas, sociales y culturales y la realización de alianzas entre los sectores públicos, privados y la sociedad civil, una gestión municipal participativa, democrática e igualitaria es básica para la dinamización de las actividades económicas locales, y así, la creación de empleos dignos y asequibles para toda la ciudadanía.

Teniendo ya claros los objetivos e importancia de la ordenación del territorio, es fundamental pasar al tema institucional, concretamente, al papel de los gobiernos locales.

Los marcos legales de los distintos Estados de Centroamérica y el Caribe, otorgan a los municipios importantes competencias y autoridad para planificar y controlar el desarrollo dentro de sus jurisdicciones. No obstante, los alcances de las potestades municipales difieren entre países; ya que normalmente también se conceden competencias a otras instituciones sectoriales del gobierno central, como por ejemplo, los ministerios de transporte, ambiente, etc.

Ante este contexto, los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico en la gestión del territorio, no sólo por las competencias legales que les han sido asignadas, sino por ser las instituciones democráticas más cercanas y conocedoras de la población. En este sentido, las municipalidades están llamadas a velar por los intereses comunes de la ciudadanía y por el uso sostenible de sus recursos naturales y humanos.

Asimismo, deben potenciarse los espacios y mecanismos que agilicen la coordinación interinstitucional, ya que este esfuerzo debe ser compartido y coherente entre las instituciones con competencias en la materia.

El ordenamiento territorial depende directamente de que las municipalidades cuenten con capacidades propias de gestión (humanas, tecnológicas y políticas). Las experiencias indican que si por ejemplo una iniciativa o proyecto se limita a la preparación de planes de ordenamiento territorial y no se crean las estructuras políticas y técnicas que permitan la implementación de dichas regulaciones por parte de las municipalidades, a la postre los esfuerzos resultan estériles debido a que las normas no logran ser ejecutadas adecuadamente. Igualmente, si los gobiernos locales no tienen capacidades propias, dependerán de consultorías u otras entidades externas para actualizar sus planes de ordenamiento territorial. Es esencial considerar este último aspecto, ya que este tipo de instrumentos deben ser renovados constantemente con base en los cambios económicos, sociales, demográficos, ambientales, etc. que se dan a lo largo del tiempo.

Es también importante notar que el ordenamiento territorial requiere ser tratado desde una perspectiva tanto municipal como mancomunada. Lo anterior se explica ya que muchos de los factores claves involucrados en esta materia (protección y manejo de las cuencas hidrográficas, las redes de infraestructura pública, los corredores biológicos y el crecimiento de los asentamientos humanos) trascienden los límites locales.

Otro aspecto que merece atención son las actuales carencias técnicas de las municipalidades en la Región para ejecutar procesos integrales de ordenación del territorio. En general, se reconoce que es necesario un equipo profesional interdisciplinario para atender las distintas problemáticas derivadas de este tipo de procesos, por ejemplo, asuntos urbanísticos, ambientales, legales e hídricos. Dada la situación económica actual de la mayoría de los gobiernos locales en Centroamérica y El Caribe, muy pocos son los municipios que pueden costear por sí solo un equipo profesional de esta índole.

La necesidad de que las municipalidades cuenten con capacidades técnicas y políticas propias, aunada a la importancia de tratar la problemática territorial a nivel supramunicipal y la carencia de recursos de los municipios, hace que el trabajo mediante las distintas formas asociativas municipales sea una estrategia que promueva el equilibrio y la cohesión a nivel territorial. La gestión intermunicipal potencia la optimización de los recursos disponibles a través de economías de escala, e impulsa la búsqueda de soluciones comunes a los problemas urbanos y rurales y el desarrollo de potencialidades conjuntas. Además fomenta espacios de discusión, capacitación y participación social que generan relaciones más democráticas (participativas e incluyentes), fortaleciendo así la institucionalidad en el territorio.

En resumen, los municipios tienen en el futuro inmediato el gran desafío de fortalecer su institucionalidad en materia de ordenamiento territorial, tanto desde una perspectiva municipal como mancomunada.

Este es un reto prioritario al que los gobiernos locales y sus formas asociativas deben hacer frente y el cual la Fundación DEMUCA con apoyo de la Cooperación Española se compromete a apoyar activamente a lo largo del proceso.